Por Revista Arcadia Foto Archivo Semana
Colombia lleva décadas buscando la paz. Desde 1982, en el mandato del presidente Belisario Betancur, la idea de alcanzar la reconciliación nacional ha estado presente en todos los gobiernos. ¿Cuánto tiempo llevamos en guerra?
Hay, aparentemente, un conceso alrededor de la idea de que la guerra que tratamos de terminar hoy es la misma que ha sufrido Colombia desde hace más de 60 años. Noobstante, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo fue que comenzó. La tradición conservadora dice que inició con los brotes sangrientos en Santander bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera, presidente de la República entre 1930 y 1934, cuando los liberales empezaron a matar conservadores. La tradición liberal considera que comenzó con la creación de la policía ‘chulavita’ y los denominados ‘Pájaros’, durante los gobiernos conservadores que comenzaron en 1946. Otros más afirman que nació el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo del pueblo.
Esta última fecha es el punto de partida de este documento, entre otras cosas, porque es la utilizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, ya que, gracias a la Ley de Víctimas de 2011, se ordenó que en esta fecha, 9 de abril, cada año se conmemorara el día de la solidaridad con las víctimas de la guerra en Colombia. El 9 de abril de 1948 partió en dos la historia de Colombia. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán enardeció los ánimos de un pueblo que lo único que quería era libertades públicas e igualdad social y económica. Con la muerte del líder liberal se hizo más que evidente que la oligarquía dominante no estaba interesada en redistribuir el país equitativamente.
Fue por esa razón que en 1950, especialmente en la región de los Llanos Orientales, se organizaron los primeros grupos de guerrilleros liberales que asumieron la resistencia armada frente al gobierno conservador de Laureano Gómez (1950-1951). Más adelante, en Tolima, Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca se formaron otros núcleos insurgentes, la mayoría de ellos con el apoyo del Partido Comunista de Colombia y la Dirección Nacional Liberal.
A este periodo de cruenta guerra, comprendido entre 1948 y 1953, se le llamó La Violencia, una fase de la historia de Colombia caracterizada por una ola represiva contra los movimientos agrarios, obreros y populares gaitanistas, y por fuertes enfrentamientos entre liberales y conservadores. “La confrontación política bipartidista se radicalizó y se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos con los cuales ‘castigaban’ al adversario” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 114).
Al ver que la guerra crecía cada vez más, las élites de los partidos Liberal y Conservador pusieron al militar Gustavo Rojas Pinilla a la cabeza del Gobierno a través de un golpe de Estado. Rojas Pinilla se instaló en el poder, entre 1953 y 1957, con la consigna: Paz, Justicia y Libertad. Y con el propósito de pacificar el país y poner fin a la violencia bipartidista, ofreció una amnistía a las guerrillas liberales y a las autodefensas campesinas. “Las primeras se acogieron mientras que las segundas la rechazaron, con excepción de las autodefensas campesinas del Sumapaz y el oriente del Tolima, orientadas entonces por el Partido Comunista” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 115).
Debido al rechazo de la amnistía, y por su resistencia a aceptar el comunismo, el Gobierno militar inició una serie de operativos contra los núcleos de autodefensas comunistas en la región del Sumapaz, en lo que se conoce como la guerra de Villarrica, que se prolongó hasta 1956. Finalmente, un año después, en mayo de 1957, Rojas Pinilla dejó la presidencia de Colombia en medio de un país sumido en la violencia.
Con su salida se creó el Frente Nacional, pacto a través del cual liberales y conservadores decidieron dejar de matarse para repartirse el poder durante 16 años. Este acuerdo político se inició con el plebiscito del 2 de diciembre de 1958, en el que llamaron a los colombianos a las urnas a decidir: “Si usted quiere la paz, vote por el sí”. Masivamente, ganó el sí.
El acuerdo bipartidista de alguna manera apaciguó el derramamiento de sangre entre liberales y conservadores, pero no frenó la violencia. Después de un segundo ciclo de amnistía y la puesta en marcha de iniciativas para la reparación de víctimas, no fue posible eliminar la confrontación armada.
Por eso, en 1964, durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) se dio la llamada Operación Soberanía u Operación Marquetalia, desplegada por el Ejército contra las repúblicas independientes, “zonas campesinas en armas que escapaban al control estatal” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 121). Fue ese hecho el que dio surgimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–.
Ese mismo año se conformó el Ejército de Liberación Nacional –ELN– y después, en 1967, apareció el Ejército Popular de Liberación –EPL–, “cuyas historias se remiten al encuentro entre los jóvenes habitantes de las ciudades formados y radicalizados según los lineamientos de las revoluciones cubana y china, y a los herederos de las antiguas guerrillas gaitanistas” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 123). Lo que tuvieron en común estos tres grupos, FARC, ELN y EPL, fue el descontento con el disminuido espacio de participación política que ofrecía el Frente Nacional.
El ELN concentró su operatividad en los departamentos de Santander y Antioquia; y el EPL lo hizo en las sabanas de Córdoba, las montañas de Sucre y también en el departamento de Antioquia. Los gobiernos de Valencia y Lleras Restrepo (1966-1970) optaron por expedir normas de seguridad nacional, al amparo de la figura del Estado de Sitio.
En 1974 apareció el Movimiento 19 de abril –M-19–,
nombre alusivo al fraude electoral que favoreció a Misael Pastrana Borrero, candidato conservador del Frente Nacional, y afectó al general Gustavo Rojas Pinilla en abril de 1970.
A diferencia de las FARC, de orientación comunista marxista-leninista; del ELN, marxista-leninista pro-revolución cubana, y del EPL, maoísta, el M-19 se fundó con una ideología nacionalista y bolivariana. De hecho, su primera acción armada fue sustraer la espada del libertador Simón Bolívar en la Quinta de Bolívar en Bogotá, y después realizar una proclama en la sede del Concejo municipal, al occidente de la ciudad.
Misael Pastrana, último presidente del Frente Nacional, quien gobernó de 1970 a 1974, optó por una acción militar a gran escala contra el ELN. Se trató de la Operación Anorí, desplegada a mediados de 1973, con contundentes resultados. El grupo guerrillero fue diezmado y su máximo líder, Fabio Vásquez Castaño, huyó a Cuba. Fueron abatidos importantes mandos de la organización y se precipitó una crisis interna que llevó al replanteamiento de su lucha.
No obstante, cuando se creía que el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) iba a concluir la tarea, el nuevo mandatario privilegió la puesta en marcha de una política de paz que no prosperó. Primero porque el ELN no cumplió con las promesas de desmovilización que forzaron la parálisis de la operación militar, y después porque la determinación presidencial derivó en una crisis con el alto mando militar en 1975 que deterioró las relaciones con el Ejecutivo.
Hacia 1976, López Michelsen dio un giro de 180 grados en su política de paz y, presionado por las Fuerzas Militares y la sociedad para que buscara acciones contundentes contra la multiplicación del secuestro, decidió regresar a las políticas del Estado de Sitio. En este entorno, cuando se dio un nuevo relevo en la Casa de Nariño, a partir de 1978, quedaron creadas las condiciones para la militarización de la sociedad.
Cuando llegó el turno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), el Gobierno asumió de entrada un compromiso claro en la lucha contra los grupos alzados en armas. “Para ello se dotó de mecanismos como el ‘Estatuto de Seguridad’, mediante el cual se aumentaban las penas para los delitos políticos, se creaban nuevas figuras delictivas y se otorgaban otras atribuciones a autoridades subalternas” (Villamizar, 1997, p. 44).
En este contexto, en enero de 1979, el M-19 sustrajo 5.700 armas del Cantón Norte en Bogotá e inició una serie de ataques a la institucionalidad para buscar el levantamiento del Estado de Sitio, la derogación del Estatuto de Seguridad y la libertad de cientos de presos políticos. Siguiendo estos objetivos, el 27 de febrero de 1980, el M-19 se tomó la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, en la cual mantuvo como rehenes, durante dos meses, a numerosos diplomáticos que se encontraban celebrando la independencia de la República Dominicana. La liberación de los rehenes se dio hasta el 25 de abril de 1980, cuando fueron enviados a Cuba junto con los secuestradores, que se quedaron en la isla un buen tiempo.
El desenlace de la toma de rehenes de la embajada de la República Dominicana fue un triunfo político para el M-19, no solo porque evidenció ante el mundo la crisis de derechos humanos existente en el país, sino porque además forzó al Gobierno a apartarse poco a poco de sus propios postulados militaristas, para aceptar una opción de política negociada.
“Desde ese momento, la lucha por la amnistía se convirtió en una bandera de amplios sectores nacionales” (Villamizar, 1997, p. 45). Por esta razón, el 23 de marzo de 1981 fue promulgada la Ley 37, por medio de la cual se declaró una amnistía condicional que no cobijaba a los procesados o sentenciados por la justicia penal militar y que exigía la entrega de las armas ante una autoridad judicial, política o militar. No obstante, ninguna guerrilla iba a aceptar una amnistía que no les representaba beneficio alguno.
Después de la Ley 37 se conformó, mediante el Decreto 2761 del 8 de octubre de 1981, una Comisión de paz, cuya cabeza fue el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Su función fue formular al Gobierno recomendaciones sobre el camino que conduciría a la paz. No obstante, y después de unos prematuros acercamientos con el M-19 que no llevaron a ninguna parte, los miembros de la Comisión renunciaron. Cuando terminó el gobierno de Turbay Ayala, como sucedió con los que lo precedieron desde 1948, no había solución coherente para el problema de la guerra que diera paso a la reconciliación nacional. Es por esta razón que en los años venideros el tema de la paz se volvió de urgencia nacional.
