Señores Académicos:

En el siglo anterior, Colombia se convirtió en una de las democracias más estables de la región y, en los momentos más conflictivos, logró proteger sus instituciones jurídico-políticas de la intimidación propia de su conflicto armado, del narcotráfico y del terrorismo. Todo esto representó, incluso sigue representando, riesgos para el Estado de Derecho. Pero, en los últimos años, surgieron nuevas amenazas, menos visibles, pero no menos preocupantes. Esos peligros son, por desgracia, de carácter universal. Y los más, se vienen extendiendo por todo lo ancho, todo lo largo y todo lo profundo de este hemisferio. La idea misma de política se volvió una especie de caricatura y se encriptó en una visión agresiva, maniquea, casi bélica de la relación con los demás. Esa conducta olvida que la política supone ejercicio del diálogo, porque es el arte de lo posible. En el pasado, era una manera de continuar la guerra por otros medios. Hoy, es el sustituto de la guerra. Si una sociedad plural no toma en cuenta su diversidad y sus matices, está regresando al pasado.

¿Qué está ocurriendo con valores democráticos y principios aspiracionales como el respeto a la diferencia, el interés por el diálogo, la disposición para el acuerdo? Parecería que pierden terreno frente a la polémica estéril, a la negación del otro, al agravio personal, bajo una mirada impasible, impotente, neutral de las Instituciones. En esa situación, cualquier sociedad se enreda en los claroscuros de esa frontera imprecisa que hay entre Estado de Derecho y arbitrariedad con leyes. La inserción de nuestros países en el mundo global está resultando más confusa, más traumática, más intricada de lo que podría suponerse. Los cambios económicos, climáticos, tecnológicos que la globalización trajo consigo, comienzan a generar la paradoja de mostrar crecimiento sin progreso.

Particularmente en América, los países que registran crecimiento económico, muestran desigualdad progresiva y creciente malestar ciudadano. Parecería que los porcentajes de crecimiento pierden la importancia que se les otorgaba el pasado, porque están dejando de ser información útil para convertirse en dato inane. Al fin y al cabo, esas cifras son producto de operaciones matemáticas, es decir, no son cualitativas. Por eso hay países cuyo PIB per cápita crece, mientras crecen también la inequidad, el desempleo, la inseguridad. Ese crecimiento, por supuesto, no puede llamarse desarrollo. Semejantes fenómenos, que se han vuelto comunes en esta globalización sin reglas, generan tendencias amenazantes para el coloquio social, para la inclusión y para la convivencia, elementos que el Estado social de Derecho ha logrado construir a lo largo de un esfuerzo centenario. Son peligros que llegaron con el siglo xxi, que están lesionando la autoridad moral del Estado y produciendo efectos deletéreos sobre el Estado de Derecho. Expresado de otra manera, el Estado de Derecho se nos está volviendo teórico.

En efecto, la gente descree de las Instituciones, los gobiernos extienden sus tentáculos para cooptar decisiones de otras ramas del poder; los congresos se vuelven apéndices de los gobiernos y se abstienen de ejercersus controles; los tribunales constitucionales legislan. Las formas del Estado de Derecho siguen escritas en los textos normativos, pero sus principios esencialesse desdibujan. Para el ciudadano común hay elecciones, pero no hay políticas; existen gobiernos, pero no gobernanza; hay jueces, pero no justicia.

Colombia está en mejores condiciones que otros países de la región, para enfrentar esa problemática: Tiene una larga tradición jurídica que hunde sus raíces en los Cabildos del 20 de julio de 1810, y una vocación civil que logró consolidar durante el siglo xx. Esas ventajas y una dosis de buena pedagogía que es preciso construir, a la cual no puede ser ajena la Academia de Jurisprudencia, van a obrar a favor de la recuperación de la credibilidad institucional y del rescate del derecho como garantía de convivencia. Ese es un objetivo estratégico.

Según informaciones de prensa, el país registra una muerte diaria por motivos relacionados con violencia política. Esta realidad tan agobiante como dramática no da lugar alguno para pensar a largo plazo. Estamos lejos de considerar un acuerdo sobre lo fundamental, para usar la célebre frase de Álvaro Gómez. Pero es necesario propiciar la creación de esos espacios. Colombia ha sobresalido históricamente por la inteligencia de sus hombres y mujeres. Y bien se sabe que inteligencia es la capacidad de hacer distinciones y reconocer los matices del entorno. En su doble condición de instrumento regulatorio y de instrumento de cambio, el derecho es la mejor herramienta para garantizar la convivencia social. Parecería que los colombianos de hoy estuviéramos viviendo como en los tiempos en que nuestras guerras civiles nunca finalizaban del todo. Alguna vez le oí decir al escritor William Ospina que al final de las guerras, cuando estas terminan en armisticio, aparecen los condotieros de las razones de Estado, objetando el perdón y reclamando justicia ante la impunidad: “Solo que los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra, porque cuando aparecen al final, solo llegan para impedir la paz”.

Recuerdo un texto del maestro Darío Echandía en el cual expresaba que “el derecho es historia”. La frase tiene que ver con el devenir de nuestro suceso republicano. A lo largo de él, esa inteligencia ingénita de los colombianos supo imprimir contenido jurídico, aún a sus más complejas decisiones políticas. Eso le permitió al país tomar distancia de la falacia revolucionaria y de la trampa populista, dos imposturas que colapsaron en el siglo xx y que, por fortuna, son irrepetibles: Desde Hegel sabemos que si la historia se quiere repetir a sí misma lo hará a veces como tragedia y a veces como farsa. Nunca reemplaza la capacidad creativa permanente que anida en el pensamiento humano.

Pero además la afirmación del maestro tiene otros alcances. Enlaza con el tema de la recepción del derecho: Colombia ha privilegiado la recepción del derecho sobre su producción, a pesar de contar con enorme talento jurídico. También se relaciona con la incapacidad del país para proyectar el derecho
sobre todo el territorio nacional. No sé quién lo dijo, pero tiene razón: Nuestro país es más geografía que historia. Le faltó agregar que tenemos más territorio que Estado. La Constitución del 91 quiso remediar esas carencias, pero, por desgracia, sus principales conquistas se están quedando escritas. En efecto, el país necesita acometer unas reformas que sus gobiernos, sus partidos, sus dirigentes han sido incapaces de estructurar. La más importante de ellas, para la Academia de Jurisprudencia es la de la administración de justicia.

El actual gobierno ha expresado algunos criterios que están en proceso de definiciones. El Ministerio Público abrió una amplia consulta e invitó al ciudadano común a formular sus propuestas. Pero la administración de justicia es, cada día que pasa, un problema más acuciante que la víspera. Más allá de quienes siguen administrando pronta y cumplida justicia, queda la sensación generalizada de que la justicia está en crisis. De análoga manera, el Consejo Nacional Electoral anunció que, en marzo, presentará al Congreso un proyecto de reforma política. Su pertinencia, por supuesto, no admite duda, ni escrutinio. Pero, ¿contempla las modificaciones necesarias para garantizar una auténtica transparencia del sistema electoral?

Del mismo modo, la cruda realidad de la periferia colombiana, demanda una reforma que desarrolle el principio de la autonomía territorial, que se nos quedó escrito en la Constitución, como ocurrió también con la participación ciudadana, con el pluralismo jurídico, con la asimetría institucional. Si nuestros pueblos desean preservar estos principios, constitucionalizados por primera vez en 1991, no deben insistir en los mismos planteamientos, en los mismos factores, en las mismas propuestas que se han ensayado, hasta ahora, infructuosamente. Dicen que fue Einstein quien, alguna vez definió a los necios, como unas personas empeñadas en hacer lo mismo siempre, esperando tener, en cada caso, resultados diferentes. De hecho, las reformas aprobadas en el presente siglo, parecen diseñadas para que todo siga igual. Buena parte de quienes se mueven entre el derecho público y la ciencia política coinciden en un juicio que, para algunos suena incómodo: Las más agudas crisis que afectan a cualquier sociedad están vinculadas a la capacidad directiva de sus elites. En otro escenario sonaría antipático, pero aquí se entiende bien lo que quiero decir cuando afirmo que un país sin élites es un país sin futuro. Colombia se está quedando sin élites, sin grupos dirigentes de selección ética, probidad intelectual, capacidad de pensamiento, con visión para orientar, conciencia de país, responsabilidad social. Señores Académicos:

En esta Corporación permanecen vivas, vigentes, esas valiosas aptitudes. Sólo hay que desatarles su dinámica y sintonizarlas con el país. Es necesario instalar el derecho en la conciencia colectiva y convertirlo en cultura social. Es indispensable contribuir, desde la Academia, a la permanente sintonía de las Instituciones con el país, de manera que su mutua relación fluya, como en puente de doble vía y pueda garantizar la legitimidad y la gobernanza. También es preciso buscar aproximaciones hacia un auténtico equilibrio entre la libertad y el orden, porque el exceso de la primera degenera en anarquía y el exceso del segundo degenera en despotismo. Colombia lo ha logrado, con mayor o menor éxito en 1910, en 1936, en 1957, en 1991. Ni más faltaba que ahora terminemos retrocediendo más de un siglo.

La idea de equilibrio animó, en todo momento, a los Constituyentes del 91. Por eso ensamblaron la Carta Política sobre dos grandes columnas: Estado social de derecho y economía social de mercado. Por desgracia, ninguno de los dos conceptos, y menos el segundo que el primero, tienen buen recibo en esta aldea global, en donde se toman grandes decisiones por parte de poderes no institucionalizados. Como está dicho, el Estado de Derecho se está volviendo teórico. Las normas vigentes no se violan, pero tampoco se cumplen. No olvido la frase que leí en un libro de Ulrich Beck, escrito a comienzos del presente siglo: “Aquellos a los que hemos elegido no tienen poder, y a los que tienen
poder no los hemos elegido”. Cuando Beck advierte amenazas de intervención militar de un país cualquiera en territorio extranjero, argumentando la defensa de los derechos humanos o la caza indiscriminada de terroristas, sugiere que nos estamos deslizando hacia una especie de “paz perpetua” que se imbrica, extrañamente, con una “guerra perpetua” como dos caras de la misma moneda. Así, terminamos cabalgando sobre una paz peor que la guerra. Semejante escenario de contradicciones no
tiene respuesta, salvo si esa respuesta se busca en el derecho. En unas instituciones jurídicas que recojan la realidad social, que la interpreten; si las instituciones no se parecen a la realidad se vuelven teóricas. Ese es el gran desafío de la ciencia jurídica en el siglo xxi. Y el de Colombia para recuperar la
vigencia cabal del Estado de Derecho. Y el de la Academia para rescatar el derecho como garantía de convivencia.

Señores Académicos: Al asumir la presidencia de la Corporación para este nuevo período estatutario quiero reiterarles mi profundo reconocimiento. Me honra su decisión y me enorgullece que haya sido producto de una proposición respaldada por una cantidad inusitadamente alta de académicos, tanto de
número como correspondientes. Me enaltece también compartir silla en la Comisión de la Mesa con los académicos Juan Rafael Bravo y Saúl Sotomonte, dos inteligencias superiores que honran a la comunidad jurídica y al país. Su reconocido talento, su criterio jurídico, su conciencia moral brillan en elfirmamento colombiano. Con ellos, con el docto grupo de inteligencias integrado por quienes fueron elegidos para las demás dignidades de la Corporación, y que ahora prestarán su juramento; con la idoneidad intelectual, la transparencia ética y la vocación de servicio de todos y cada uno de ustedes, la Academia podrá mantener su compromiso de defender las conquistas materiales del Estado social de Derecho; insistir en los debates de ideas, en la controversia inteligente que enriquezca su trabajo institucional y lo proyecte sobre los cuatro horizontes del país; y asumir un liderazgo en busca de que los colombianos recuperen su confianza en el derecho como garantía de convivencia. En ese orden de ideas, la Academia puede recluirse en torno a sí misma para ordenar su pensamiento, pero ha de volcarse sobre la realidad nacional para construirlo y fraguar una pedagogía que ayude a consolidarlo en el imaginario espiritual de cada ciudadano y de la sociedad civil en su conjunto. Sé que es un abrumador desafío, que resulta suficientemente grato para esta Corporación, en la cual tienen asiento los mejores juristas de Colombia.

Muchas gracias.

Augusto Trujillo Muñoz

Pijao Editores Especial